Louzán podría dejar la Federación Gallega, al pedir la Fiscalía que sea juzgado por presunto cohecho (Al margen de la Operación Patos)

 Perder el cargo en la Diputación de Pontevedra, declarar que te retiras de la actividad política para dedicarte en cuerpo y alma a la Federación Gallega de Fútbol, podría parecer incluso normal, lo que no encaja es que el alma o el cuerpo sigan recibiendo 45.000 euros anuales de lo que has dicho abandonar.  Es que un ciudadano “normal”, al que no ha llegado la recuperación ni lo espera, vería mas lógico que percibiese una compensación por su actual cargo y no estos tres mil y pico mensuales por algo que no se sabe con certeza, si bien es cierto que ciertos asesoramientos se pueden realizar de muchas formas. 
 Viendo la noticia que ayer publicaba “El País”, se puede entender que el populisto cacique del PP, vaya ahorrando ante un futuro incierto, aunque no se espera verle haciendo recados en el Concello de Ribadumia, como tampoco le veremos entrar en el despacho con rejas, al menos de momento, aunque los Patos siguen al acecho.
 La petición del Fiscal en este caso de presunto cohecho, si puede tener consecuencias, ya que la inhabilitación tanto en el terreno político como en el deportivo, estaría muy cerca. Mientras, otros que tanto montan, preparan la reconquista. F.B. 
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EL PAIS: La Fiscalía de Pontevedra ha presentado acusación por delito continuado de cohecho pasivo y la apertura de juicio con tribunal popular contra el exbarón del PP Rafael Louzán, que durante 12 años dirigió la Diputación y es el actual presidente de la Federación Galega de Fútbol. Le acusa de recibir favores, a través del cobro del sobreprecio de unos alquileres, del exdiputado del ente provincial durante su mandato Severino Reguera, concejal del PP en el Ayuntamiento de Pazos de Borbén “cuya proyección política dependía del presidente”, sostiene la acusación. 

Louzán, que también trabaja de asesor del partido a sueldo del organismo provincial desde que perdió la Diputación tras el batacazo electoral del PP en las pasadas elecciones municipales, afronta una condena de un año de prisión y otro de inhabilitación especial para el derecho a sufragio pasivo. Además, si finalmente se confirma su condena que conlleva la suspensión de empleo público por el tiempo de dos años y dos meses, el político de Ribadumia –con al menos otra imputación en la causa de la Operación Patos que investiga presuntos amaños de contratos públicos- podría verse apartado de su actual cargo en el ámbito político (por el que percibe 45.000 euros anuales) y también en el deportivo, según las fuentes consultadas. LEER MAS 

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